Haití.

En los muelles de Puerto Príncipe, miles de desesperados abarrotan los ferrys con la esperanza de volver a sus regiones de origen. Pies de fotos y voces en off hablan del masivo movimiento migratorio que despobló las zonas agrícolas de Haití en dirección a la capital. No suelen contar que, en 1995, el FMI obligó a su Gobierno a bajar el arancel a las importaciones de arroz, del 35% hasta el 3%. Ni que las subvenciones del Gobierno norteamericano permiten que el arroz producido en Arkansas sea más barato en Haití que el cultivado en el propio país. Ni que, por tanto, tres cuartas partes del alimento básico en la dieta de los haitianos, es importado.
Sería interesante saber cuántas toneladas de ayuda y equipos de emergencia ha enviado a Puerto Príncipe Riceland Foods, la cooperativa agrícola de Arkansas que se ha hecho de oro a costa de arruinar a los antes mínimamente prósperos agricultores locales, para obligarles a emigrar a la ciudad que acaba de caérseles encima. Es posible que sus beneficios le hayan permitido una inversión mayor que las de las ONG que denuncian sus prácticas en nombre del comercio justo.
Así se cerraría un círculo vicioso que siembra día a día, grano a grano, en Haití y muchos otros países pobres, una destrucción de magnitudes comparables a las que produce un terremoto de grado 7.
Ahora, mientras Estados Unidos se afana en dominar la carrera del prestigio humanitario, sería el momento de preguntarle a los líderes mundiales que posan con gesto desolado ante las cámaras, si cabría una ayuda mejor, más generosa y eficaz para Haití, que devolverle el derecho a proteger su agricultura, imponiendo un arancel elevado sobre las importaciones de arroz. Esa iniciativa, destinada al fracaso, aparejaría el éxito de enseñarnos la verdadera cara de la solidaridad internacional. Y me temo que sería espantosa.

Especies protegidas.

Ese niño que gatea junto a un lince en la campaña promovida por la Conferencia Episcopal contra la reforma de la ley del aborto no lleva encima una etiqueta de especie protegida, y es lógico, porque no sabemos nada de él. Si no hubiera sido engendrado mediante una cópula natural y proviniese, por ejemplo, de un proceso de selección de embriones destinado a salvarle la vida a un hermano o hermana mayor que él, y que gracias a eso estuviera corriendo por ahí, la Iglesia católica no habría sido partidaria de proteger su nacimiento.
Tampoco sabemos en qué clase de hombre va a convertirse ese niño. Porque si de mayor se sintiera atraído sexualmente por otros hombres y viviera en países como Irán, donde esa opción es un delito castigado con la muerte, la Iglesia católica, que a través del Vaticano votó en la ONU contra la despenalización de la homosexualidad, tampoco movería un dedo por evitar su ejecución. Lo que sí sabemos es que ese niño tiene la suerte de ser blanco y, probablemente, español. Porque si fuera negro y viviera en África, donde el sida mata a millones de personas cada año, correría el riesgo de crecer en un país que aplicara la doctrina de Benedicto XVI, que acaba de declarar en Camerún que el preservativo, lejos de ser eficaz contra el sida, llega a agravar la enfermedad. Y sólo podría escoger entre la castidad y la muerte.
Me gustaría conocer la opinión de los científicos que apoyan la campaña de los obispos acerca de esa condena del preservativo, que salva a diario del sida a millones de occidentales blancos y bien informados. Después de semejante irresponsabilidad, que Martínez Camino, portavoz de una institución capaz de producir, por otra parte, dogmas como la Inmaculada Concepción de la Virgen María, afirme que la tolerancia social del aborto es "la peor patología de la razón", me parece un puro delirio. Almudena Grandes. El País 23 marzo 2009.